El 2 de octubre, el Congreso rechazó un decreto del Gobierno que reunía varias medidas de vivienda. Entre ellas figuraba ampliar la suspensión temporal de determinados desahucios de hogares vulnerables: cuando se cumplen los requisitos, el procedimiento puede quedar en pausa durante un tiempo para facilitar la intervención de los servicios sociales y la búsqueda de una alternativa habitacional. No es un derecho permanente que impida cualquier desahucio y solo se aplica a situaciones concretas.
Al no salir adelante el decreto, la prórroga propuesta no entra en vigor. También quedaron fuera algunas medidas de extensión de contratos de alquiler y ayudas a la compra. El rechazo afecta a las medidas nuevas o prorrogadas en ese texto; no significa que desaparezcan todas las normas de arrendamiento, garantías judiciales o ayudas locales que ya estén vigentes. Quienes afronten un desahucio deberían consultar cuanto antes con los servicios sociales o de asistencia jurídica de su municipio para conocer su caso.