La Comunidad de Madrid anunció el 17 de octubre que incorporará de forma gradual 596 plazas residenciales para personas mayores en situación de dependencia entre el 1 de noviembre de 2026 y el 30 de junio de 2028. Los contratos suman unos 25 millones de euros. Es una ampliación prevista para los próximos meses y años: no significa que haya 596 camas disponibles ahora ni que se pueda ingresar de inmediato.
El Consejo de Gobierno autorizó 12 contratos para 431 plazas en centros de Pinto, Torrelodones, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, El Álamo, San Martín de la Vega, Cadalso de los Vidrios, Galapagar y Pozuelo de Alarcón. Las 165 restantes se incorporarán mediante otros centros de la red pública; el anuncio menciona, entre otros lugares, los distritos madrileños de Latina y Carabanchel. La apertura concreta y el número de plazas por centro dependerán del calendario de los servicios sociales.
Para acceder a una residencia pública, normalmente se necesita tener reconocido un grado II o III de dependencia y que el Programa Individual de Atención (PIA) establezca el servicio residencial. Cumplir esos requisitos no garantiza una plaza inmediata: existe un procedimiento de asignación y lista de espera. Las familias pueden consultar con su trabajador social o con los Servicios Sociales municipales si deben solicitar una valoración, revisar el PIA o comprobar su situación en la lista.
Los nuevos contratos también exigen medidas para prevenir y atender la soledad, además de registrar las preferencias de cada residente sobre alimentación, actividades culturales y ocio. La guía oficial de la Comunidad explica la valoración y el acceso a estos servicios: https://www.comunidad.madrid/asuntos-sociales/guia-practica-dependencia

