El Gobierno aprobó de nuevo el 6 de octubre dos reales decretos-ley de vivienda, después de que el Congreso rechazara el paquete anterior el día 2. Los nuevos textos recuperan varias medidas de protección para inquilinos y hogares vulnerables, aunque su tramitación y entrada en vigor no son iguales.
La medida más sensible es la protección frente a determinados desahucios. Según la explicación del Gobierno, está dirigida a personas que acrediten una situación de vulnerabilidad económica o social y no dispongan de una alternativa habitacional. Si se cumplen los requisitos legales, el juzgado puede suspender el procedimiento. No supone una prohibición general de los desahucios ni protege automáticamente a cualquier persona que deje de pagar el alquiler. El texto también contempla excepciones, por ejemplo cuando el propietario está en situación de vulnerabilidad y tiene una o dos viviendas.
El segundo decreto propone que algunos contratos de alquiler de vivienda habitual que vencen antes del 31 de diciembre de 2028 puedan prorrogarse hasta dos años más, en tramos anuales, si el inquilino está al corriente del pago. El Gobierno también plantea limitar determinadas actualizaciones de renta y aclarar cuándo puede renovarse un contrato y en qué casos el propietario puede recuperar la vivienda.
El paquete incluye además reglas para el alquiler temporal y por habitaciones. El alquiler temporal deberá justificar la causa de la estancia; en los alquileres por habitaciones, la suma de las rentas no debería superar, en general, el precio de alquilar la vivienda completa. También se recupera una línea de préstamos sin intereses, de hasta 50.000 euros, para facilitar la compra de la primera vivienda a quienes cumplan las condiciones.
Hay una cautela importante para los inquilinos: el presidente del Gobierno indicó el 6 de octubre que el segundo decreto, el que contiene las medidas de estabilidad de los contratos, solo entrará en vigor cuando lo convalide la Diputación Permanente del Congreso. Por eso, no conviene dar por prorrogado automáticamente un contrato basándose solo en el anuncio. Para un caso concreto, hay que comprobar el texto definitivo publicado en el BOE y la decisión parlamentaria correspondiente.
Fuente: información del Gobierno de España sobre los decretos aprobados el 6 de octubre. La vigencia de cada medida depende de su texto definitivo y de su tramitación parlamentaria.