El Gobierno vasco anunció el 21 de octubre un principio de acuerdo con Testa para adquirir por unos 100 millones de euros el derecho de superficie de 510 viviendas de protección pública en Benta Berri, San Sebastián. La intención es firmar el contrato antes de que termine 2026. La protección vigente vencía en noviembre de 2028; con la operación, los pisos mantendrían su calificación protegida de forma permanente.
Para quienes ya viven de alquiler allí, el Ejecutivo asegura que se mantendrá el arrendamiento y que las viviendas no pasarán al mercado libre. La compra no convierte automáticamente a los inquilinos en propietarios ni anuncia una rebaja nueva del alquiler. Por ahora existe un acuerdo inicial: faltan el contrato definitivo y los trámites de adquisición.