El Ministerio de Vivienda ha aprobado mediante el Real Decreto 851/2026 una transferencia de unos 180 millones de euros a cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. Los importes máximos son 119,47 millones para Cataluña, 31,01 millones para el País Vasco, 13,38 millones para Navarra, 10,22 millones para Galicia y 5,92 millones para Asturias. La partida cubre áreas declaradas oficialmente; en Cataluña incluye 271 municipios y, en Galicia, A Coruña y Santiago de Compostela.
El dinero se entrega a las administraciones autonómicas, no directamente a cada inquilino. Las comunidades deberán financiar actuaciones en las zonas declaradas con el objetivo de contener o reducir los precios de alquiler y venta, dentro de sus planes territoriales. La norma no abre una convocatoria estatal individual, no fija una cuantía por hogar y tampoco establece una fecha de pago a particulares.
Para quienes viven en esas áreas, el efecto dependerá de las medidas que publique cada comunidad: por ejemplo, qué programas activa, a quién se dirigen y con qué calendario. Si alguien busca una ayuda personal para pagar el alquiler, debe seguir los anuncios de vivienda de su comunidad autónoma; esta transferencia por sí sola no crea un nuevo bono de alquiler para toda España.