El 26 de octubre el Gobierno envió al Consejo de Estado la versión revisada del proyecto de regulación de centros de datos sostenibles. El texto mantiene que al menos el 80% de la energía consumida proceda de fuentes renovables y plantea un periodo transitorio de cinco años para adaptarse a exigencias más estrictas de correspondencia horaria. Los operadores que acepten reducir automáticamente su carga cuando la red esté bajo tensión podrían contar con un calendario flexible.
Es un borrador pendiente de revisión y aprobación, no una obligación ya vigente ni un cambio inmediato en la factura doméstica. Para los residentes, el debate afecta a la demanda eléctrica, el uso de agua y la conexión de grandes instalaciones a la red. El efecto concreto dependerá del texto final y de cómo se aplique a cada proyecto.