Tras el apagón del 28 de abril de 2025, el sistema eléctrico reforzó el control de tensión y la programación de seguridad. En su informe trimestral publicado el 8 de octubre, la CNMC reveló que el 27 de julio había pedido formalmente a Red Eléctrica (REE) un estudio sobre cómo imputar a la demanda los costes de las restricciones técnicas. Estas restricciones son ajustes necesarios cuando la operación económica del mercado no encaja con los límites físicos de la red y hay que garantizar un suministro seguro.
El debate se centra en qué participantes deben asumir esos costes. En una respuesta del 13 de octubre, REE defendió que son servicios regulados imprescindibles y que el operador aplica las reglas; los pagos corresponden sobre todo a la energía ofertada por los generadores que participan en los ajustes. REE calculó que la operación reforzada costó 8,8 millones de euros en septiembre, equivalentes, según su estimación, a unos dos céntimos diarios para un hogar medio acogido al PVPC. Esa cifra se refiere solo a la operación reforzada: no representa el total de las restricciones técnicas ni un nuevo concepto independiente en cada recibo.
La CNMC ha solicitado un análisis, pero todavía no ha aprobado una nueva metodología ni un recargo para los consumidores. Por tanto, la noticia no implica una subida automática de la factura. Cualquier cambio futuro tendría que pasar por un procedimiento regulatorio y publicarse con sus condiciones y fecha de entrada en vigor.