La norma catalana que pretendía limitar la compra de viviendas con fines especulativos no seguirá adelante en los términos pactados en julio por el PSC y los Comuns. El Consell de Garanties Estatutàries advirtió que algunas restricciones del texto podían vulnerar el derecho de propiedad y otros preceptos jurídicos. Su dictamen no era vinculante, pero el PSC optó por frenar el texto original para buscar mayor seguridad jurídica.
El plazo de enmiendas terminó el 30 de octubre sin un texto conjunto: ambas formaciones registraron cambios por separado. El Govern plantea centrar la regulación en el uso de la vivienda, que debería ser habitual y permanente, y permitir excepciones municipales para alquiler temporal o turístico si se justifica que existe suficiente oferta habitual. El Parlament prevé votar en diciembre, pero el contenido final y su aprobación siguen abiertos. Para compradores e inquilinos, la propuesta no ha creado una nueva prohibición vigente; se mantienen las reglas actuales.